Entre los riesgos ajenos a la legislación que deben confrontar los periodistas, nos permitimos enumerar los siguientes:

1. Censura editorial: Esta se refiere a las restricciones que pudieran confrontar los periodistas que trabajan para medios de comunicación, para abordar temas de interés personal ajenos a la política editorial del medio. El remedio para este problema radica en la riqueza de diversos medios de comunicación de orientaciones distintas. Debe asímismo mantenerse abiertas las secciones de opinión para dar cabida a criterios discrepantes de los periodistas.

2. Autocensura: Este peligroso fenómeno hace que el periodista se abstenga de hacer su trabajo por temor a represalias externas o internas al medio en que labora. Este mal debe ser combatido por medio de una política editorial bien definida y abierta a discusión.

3. Amenazas: Las amenazas personales, económicas y pecuniarias, sea contra el medio o directamente contra el periodista, pueden inhibir el buen desempeño de la labor de informar. El año pasado, 53 periodistas fueron asesinados en el mundo, 19 de ellos en América Latina y de éstos, 10 en Colombia, lo cual ilustra la magnitud de la amenaza. Quizás ninguna profesión u oficio en el mundo aporta tantos mártires a nombre de sus principios.

4. Concentraciones: La concentración de varios medios en manos de unos pocos, con menoscabo y exclusión de otros, aunque sea formalmente legal, constituye un atentado a la libertad de expresión; y una amenaza para el trabajo del periodista en su diversidad de criterios. Eso puede evitarse con una legislación que proteja y procure la diversidad en el mundo de los medios de comunicación.

Para conocer los riesgos a que se expone el periodista de investigación de hoy, es indispensable conocer la Guatemala militarizada de ayer.

El papel de la prensa y de los periodistas vuelve más tortuoso en tiempos de guerra. Para apreciarlo en su justa dimensión basta retroceder veinte años y situarse en la salvaje y violenta Guatemala de finales de la década de los años setenta y principios de los ochenta.

En 1954 tiene lugar en Guatemala el derrocamiento del gobierno del Presidente Jacobo Arbenz Guzman, como producto de una confabulación internacional promovida por el Departamento de Estado y la CIA de Estados Unidos. A partir de esta fecha se desarrolla una vorágine de terror y persecución contra intelectuales, periodistas, escritores y dirigentes políticos.

                La sociedad estaba llena de radicalismo, se ‘pertenecía’ a la derecha anticomunista o se era marxista; no había matices.

                La democracia política, los derechos humanos, las libertades públicas, entre ellas la de expresión, simplemente no existían. El pensar se convirtió en un hecho peligroso y el escribir en un acto temerario que representaba la muerte.

Treinta y seis años de guerra nos dejaron mas de 250 mil muertos y NUMEROS huérfanos. Sin embargo, la historia del periodismo guatemalteco también esta bañada en sangre.

Durante tres décadas el Estado implantó un aparato de represión y bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo infiltró y controló a todos los sectores de la sociedad guatemalteca. El plan consistió en crear oficinas manejadas por personal militar, que se dedicaban a accesar la información confidencial de los guatemaltecos.

                Se instalaron oficinas de control en todas las aduanas, finanzas públicas, migración, puertos, aeropuertos y la compañía de teléfonos.

                La Policía Nacional también fue militarizada y desde sus mandos se dirigieron operaciones de violación a los derechos humanos, desapariciones forzadas y secuestros de miles de guatemaltecos, incluyendo periodistas.

                El control absoluto que los militares tuvieron sobre el país, los corrompió y muchos de los que pelearon la guerra se creyeron con el derecho de un botín. Lo que empezó con el control de la vida de los guatemaltecos, se transformó en una red del crimen organizado, en donde se manejaban contrabando, robo de vehículos, narcotráfico, secuestros, ilegales, asesinatos por encargo y desaparición de opositores políticos.

                En esta etapa, y en el marco de este dramático escenario, la prensa y los periodistas intentaron cumplir con su misión. El resultado fue el asesinato de sesenta y seis periodistas e interminable resulta la lista de los periodistas perseguidos, ametrallados en la vía publica, secuestrados, desaparecidos y exiliados que milagrosamente escaparon de la orgía de sangre.

Fueron periodistas con nombre y apellidos, que al ser abatidos dejaron hijos huérfanos, viudas o padres desamparados que aun enfrentan el trauma y los conflictos familiares. Además, en esta época se produjo el cierre de los medios independientes, se colocaron aparatos explosivos en otros y se ideologizo  la prensa.

                Luego vino una segunda etapa, donde la prensa de manera generalizada optó por la autocensura, que se tradujo en la publicación de noticias e información superficial e irrelevante. La prensa como institución seguía la política del avestruz e ignoraba la realidad con justificado temor y la población ignoraba en buena medida lo que sucedía.

                En el año de 1,986, Guatemala entra en un proceso de transición democrática eligiendo abrumadoramente a un gobierno civil.

                Sin embargo, durante estos quince años de democratización, las estructuras del Estado paralelo militar continúan intactas y su desarticulación y desintegración dista mucho del espíritu plasmado en lo que fueran los Acuerdos de Paz, que se firmo en 1996. Las violaciones a los derechos humanos persisten, ya no con la crueldad y la masividad de los anos 70 y 80, pero sí de manera selectiva y periódica.

                Inteligencia militar y sus respectivas dependencias, mantienen el poder, y si bien su rostro es efímero, ejercen una presión real tras el trono y han causado un incremento en la violencia en el país  por que se resisten a los cambios que la sociedad reclama.

                Aún en medio de esa vorágine de terror y delincuencia, la prensa guatemalteca ha roto con la autocensura, y ha establecido compromisos con la libertad y el fortalecimiento de un Estado de Derecho.

                En estos años de transición la prensa ha ido incluso, más allá de su función habitual y ha impulsado esfuerzos cívicos contra la impunidad y a favor de la depuración de los poderes del Estado, que culminaron con la renuncia de todos los congresistas y de la Corte Suprema en pleno, en cambios constitucionales, en renuncias de funcionarios públicos corruptos, incluyendo poderosos militares.

                Estos y otros esfuerzos de la prensa y de los periodistas, se han traducido a los largo de los últimos quince años, en intentos fracasados de los diferentes gobiernos de turno y de los grupos de poder en agredirlos, intimidarlos, amenazarlos, hostigarlos, asfixiarlos financieramente y más recientemente en descalificarlos y desacreditarlos.

                Para fortuna de los guatemaltecos -no obstante los tropiezos de siempre y los naturales gajes del oficio- hay prensa y periodistas para rato.

Los riesgos del periodismo de investigación

Amenazas

El año pasado, la llegada del Frente Republicano Guatemalteco al gobierno, presidido por el General Efraín Ríos Montt y otros militares acusados de participar en el conflicto armado, empeoraron la situación de la prensa.

                En lo que a amenazas y riesgos se refiere, ha existido un retroceso a las épocas de las dictaduras militares, donde los periodistas que criticaban al régimen eran amenazados, asesinados o difamados. Las amenazas y agresiones se han convertido en el pan de cada día para quienes hacemos investigación.

                Como nunca antes, el aparato estatal ha implementado campañas de desprestigio utilizando todos los canales de televisión y numerosas radios de corte oficialista, que son dirigidas por el actual ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Luis Rabbé, que ha sido acusado de corrupción y es cuñado de quien dirige el monopolio de los medios electrónicos.

Amenazas de muerte y agresiones

En 1992, durante el régimen del ex presidente Jorge Serrano Elías, hoy prófugo de la justicia guatemalteca y residente en Panamá, un grupo militar intentó convencer al gobernante de dar un autogolpe de Estado disolviendo el Organismo Judicial y el Congreso.

                En estos años Guatemala vivió una de las crisis más grandes de los últimos tiempos, en la que la prensa independiente jugó un papel trascendental para el retorno a la constitucionalidad.

                Sin embargo, no haberse plegado al gobierno le valió al en ese entonces presidente de Siglo Veintiuno, Jose Rubén Zamora un intento de agresión física e inclusive ser encañonado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército y otro militar de alto rango.

                Esquelas de muerto, arreglos florales de tipo fúnebre, papeles anónimos y llamadas profiriendo amenazas de muerte estuvieron a la orden del día. Dos granadas fueron detonadas frente a las casas de dos directivos del diario e inclusive atacaron a balazos al presidente de este medio.

                Ocho años después, la situación no ha variado mucho. El mes pasado tres periodistas del módulo de investigación fuimos amenazados de muerte. Yo, en lo personal fui agredida y otro periodista encañonado con armas de grueso calibre, tras una publicación que sacó a luz pública que el presidente de un banco del Estado se enriquecía ilícitamente.

                Yo fui agredida por la espalda, cuando salía de cursar mis clases de Literatura en la Universidad, por un individuo que me amenazó con matarme a mí, a mi familia y a los reporteros si continuábamos con los reportajes.

                Días después, cuatro automóviles coparon el paso de un reportero del módulo de investigación y tras bajarse del auto pusieron ametralladoras en su cara y lo amenazaron con darle muerte a él y al equipo de elPeriódico si continuábamos las publicaciones.

                Las denuncias fueron interpuestas en los organismos competentes, y hemos tenido que llegar al extremo de mantener a un reportero custodiado con dos patrullas y cinco agentes de la policía para proporcionarle seguridad.

Asfixia financiera

Durante el gobierno de Álvaro Arzú, y tras la firma de la paz, surgió un comando antisecuestros que operaba en forma ilegal y que era dirigido desde el Estado Mayor Presidencial por militares. Además, muchos de sus funcionarios y familiares estuvieron involucrados en actos de corrupción y se enriquecieron ilícitamente.

                Cuando elPeriódico denunció estos hechos, el Presidente de la República enfureció y ejerció presión sobre los anunciantes publicitarios de